¿Cuántas familias más deben llorar? La urgencia de frenar la inseguridad en Costa Rica
La inseguridad en Costa Rica llevo al cobarde asesinato del oficial de la Fuerza Pública, Gerson Rosales Cascante, en Batán de Matina, ha propinado un golpe devastador al corazón de nuestro país. Un joven de apenas 28 años, padre de familia, esposo y exatleta nacional, fue acribillado a balazos en plena vía pública mientras cumplía con su deber de proteger la soberanía local. Este trágico suceso no es un hecho aislado, es el síntoma más alarmante, doloroso y violento de la profunda crisis de inseguridad en Costa Rica que carcome nuestra paz social día con día.
Hoy, una familia costarricense llora la pérdida irreparable de un ser querido que salió a trabajar vistiendo con orgullo el uniforme policial y nunca regresó a casa. La muerte de un uniformado representa un punto de no retorno: cuando las bandas criminales y el sicariato pierden el miedo a dispararle a la propia autoridad del Estado, significa que las calles ya no le pertenecen al ciudadano honesto. La población civil se encuentra en un estado de indefensión total, atrapada en una cotidianidad donde salir a caminar, abrir un negocio o simplemente abordar un vehículo se ha transformado en una ruleta rusa.
Una ola de violencia y sangre que exige respuestas reales
La realidad de la inseguridad en Costa Rica ya no se puede matizar con estadísticas de escritorio ni justificaciones institucionales. El país entero experimenta una ola de violencia sin precedentes históricos, impulsada por el narcotráfico y el crimen organizado que han convertido a comunidades enteras en campos de batalla. El luto nacional se ha vuelto parte del paisaje diario, y la ciudadanía ha llegado al límite de su capacidad de tolerancia. El cansancio colectivo es absoluto, la gente está harta de vivir con miedo entre rejas en sus propios hogares mientras los delincuentes se adueñan del espacio público.
El clamor popular es unánime, Costa Rica necesita menos discursos políticos y más acciones contundentes en el terreno de juego. Las conferencias de prensa, los diagnósticos y las promesas de campaña ya no son suficientes para frenar las ráfagas de armas de grueso calibre. El asesinato del oficial Rosales Cascante debe marcar la pauta definitiva para que las autoridades entiendan que el tiempo de la diplomacia legislativa y judicial frente a la delincuencia extrema ha caducado.
El llamado urgente a la Presidenta, a los Diputados y al Poder Judicial
La magnitud de la inseguridad en Costa Rica exige un frente común e inquebrantable. Es hora de que los tres poderes de la República dejen de lado las disputas políticas de tintes ideológicos, se pongan la mano en el corazón y asuman el mandato constitucional de garantizar la vida de las personas.
Exigencia al Poder Ejecutivo
La nueva presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, debe liderar esta batalla con una verdadera política de mano dura contra el crimen. Al asumir el poder, la mandataria tiene la obligación histórica de velar de forma prioritaria por los cuerpos policiales, dotándolos del presupuesto, el equipamiento, las armas y el respaldo legal necesario para repeler el fuego criminal sin temor a ser procesados por defender su vida.
Exigencia a la Asamblea Legislativa y Poder Judicial
Por su parte, los diputados de la Asamblea Legislativa deben legislar con urgencia patriótica. Se requiere de forma inmediata el endurecimiento de las leyes penales, eliminando las rendijas procesales que permiten a los criminales de alta peligrosidad obtener medidas cautelares laxas. El Poder Judicial, a través de sus jueces, debe aplicar las penas con el máximo rigor posible. La justicia no puede seguir siendo una puerta giratoria donde los sospechosos de homicidio regresan a las calles a las pocas horas de ser capturados por la policía.
El límite del dolor nacional
No podemos permitir que el nombre de Gerson Rosales Cascante se convierta en una cifra estadística más dentro del historial de la inseguridad en Costa Rica. Cada bala que impacta a un policía hiere de muerte a nuestra democracia. La sociedad civil se pregunta con profunda angustia: ¿Cuántas familias más tienen que llorar la muerte de un familiar para que el Estado reaccione con verdadera firmeza? ¿Cuál es el número de muertes que necesitan las autoridades para declarar una emergencia nacional real?
La paz que tanto nos ha enorgullecido ante los ojos del mundo se nos está escapando de las manos entre charcos de sangre inocente. Es el momento de la acción penal estricta, del combate frontal al sicariato y de devolverle la tranquilidad al pueblo de Costa Rica. Mañana puede ser demasiado tarde.