Hacienda plantea recorte del 25% al presupuesto del TSE para 2027
La estabilidad logística y financiera de la democracia costarricense entra en una etapa de profunda incertidumbre. El Ministerio de Hacienda ha presentado una propuesta de directriz presupuestaria que contempla una drástica disminución al presupuesto del TSE en los recursos públicos asignados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de cara al ejercicio económico del año 2027. Esta severa reducción de capital ha encendido las alarmas inmediatas entre las altas autoridades del órgano electoral, quienes advierten sobre las graves implicaciones operativas que esto acarreará para el país.
La propuesta formulada por el Poder Ejecutivo representa un golpe contundente a las proyecciones financieras que la propia institución civil había planificado detalladamente. De consolidarse la medida impulsada por la cartera de Hacienda, el alto tribunal se verá obligado a reajustar de forma extrema sus prioridades administrativas, lo cual impactará no solo la gestión cotidiana de sus dependencias, sino también el andamiaje técnico de los procesos de votación popular que se avecinan en el mediano plazo en el territorio nacional.
El severo impacto de la reducción en el presupuesto del TSE
La rebaja planteada por las autoridades hacendarias alcanza la preocupante cifra de ₡19.276 millones de colones con respecto al anteproyecto originalmente formulado por la institución. En términos porcentuales, este tijeretazo equivale a casi una cuarta parte, específicamente un 24,8%, del total de los fondos mínimos requeridos para operar con normalidad. Ante este escenario adverso, los magistrados electorales tomaron la determinación de aprobar el plan de gastos definitivo bajo una enérgica e histórica protesta formal.
El principal argumento de los jueces se centra en que recortar el presupuesto del TSE para el año 2027 coloca en una situación de vulnerabilidad extrema la organización y el éxito de las Elecciones Municipales programadas para inicios del año 2028. Aunque los comicios locales se celebran formalmente al año siguiente, el Tribunal Supremo de Elecciones recordó que aproximadamente el 40% de los desembolsos totales, contrataciones de servicios, adquisición de material electoral y planeamiento de seguridad deben ejecutarse y pagarse de manera obligatoria durante los doce meses previos.
Al no contar con el flujo de caja necesario dentro del presupuesto del TSE, los procesos de licitación pública para la impresión de papeletas, distribución de tulas y contratación de sistemas informáticos de transmisión de datos podrían sufrir retrasos peligrosos. La administración electoral enfatizó que modificar a la baja los montos solicitados les impide blindar con absoluta certeza la pureza y la eficiencia técnica del sufragio, debilitando una estructura institucional que ha sido pilar de la paz social en Costa Rica por décadas.
Reformas de ley sin sustento económico y servicios en jaque
La situación se vuelve aún más compleja si se toma en consideración que para el próximo proceso electoral de los gobiernos locales entrará en vigencia una serie de reformas de ley aprobadas por la Asamblea Legislativa. Entre los cambios más significativos se encuentra la modificación obligatoria al artículo 148 del Código Electoral, la cual exige que los partidos políticos aporten fotografías actualizadas y hojas de vida detalladas de la totalidad de sus candidatos a alcaldes, regidores, síndicos y concejales. El análisis y la verificación manual de miles de perfiles demandarán una sobrecarga de trabajo y personal que el recortado presupuesto del TSE no podrá financiar adecuadamente.
Finalmente, el impacto de este reajuste económico no se limitará únicamente a las urnas. Las autoridades del Tribunal advirtieron que los recortes generalizados en el presupuesto del TSE paralizarán de manera indefinida los programas de modernización tecnológica e informática de la institución. Asimismo, se pondrán en una situación de riesgo operativo los servicios cotidianos que el Registro Civil brinda a la ciudadanía, tales como el mantenimiento de las bases de datos de naturalizaciones, la inscripción de nacimientos y defunciones, y la emisión regular de las cédulas de identidad de todos los costarricenses.
