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Laura Fernández presenta 5 proyectos de ley para reforzar la seguridad en Costa Rica

La mañana de este lunes 15 de junio, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, acudirá a la Asamblea Legislativa a las 11:00 a.m. para entregar formalmente el primer paquete de propuestas legales de su administración. El objetivo primordial de esta iniciativa es contener la ola de delincuencia y fortalecer la Seguridad en Costa Rica. El documento contempla cinco proyectos de ley clave que buscan dotar al Estado de herramientas jurídicas modernas frente al avance del crimen organizado.

Desde Casa Presidencial se ha enfatizado que el combate a la criminalidad actual no puede resolverse únicamente con operativos policiales en las calles. El Poder Ejecutivo defiende que se necesitan reformas legales urgentes que agilicen los procesos judiciales y cierren los portillos legales que las estructuras criminales aprovechan para evadir la justicia. Por esta razón, el paquete se enfoca en actualizar un marco normativo que se ha quedado rezagado ante las nuevas tácticas de las bandas internacionales.

Un plan integral para transformar la Seguridad en Costa Rica

El paquete de proyectos de ley introducido por la administración Fernández Delgado aborda las principales vulnerabilidades del sistema público y judicial a través de cuatro áreas de acción inmediata. La mandataria ha sostenido en múltiples ocasiones que la lucha contra el crimen no puede quedarse únicamente en discursos o diagnósticos, sino que debe traducirse en acciones concretas y decisiones firmes que devuelvan la tranquilidad a las familias de todo el territorio nacional.

1 – Control carcelario y la estrategia de «cero ocio»

El primer eje se enfoca en la seguridad en las prisiones. El Gobierno busca institucionalizar planes basados en el concepto de «cero ocio en las cárceles» junto con controles penitenciarios más estrictos. El objetivo es evitar que los centros penales sigan funcionando como centros de operaciones para las bandas criminales y garantizar que los privados de libertad realicen labores productivas obligatorias.

2 – Endurecimiento del régimen de penas para bandas criminales

La propuesta legislativa introduce reformas al Código Penal para aplicar castigos mucho más severos a los miembros activos de bandas criminales estructuradas. Con esto se busca que la pertenencia a una organización delictiva organizada sea un agravante automático, limitando además el acceso a beneficios carcelarios o medidas alternativas para este tipo de perfiles de alta peligrosidad.

Torre de vigilancia de una cárcel rodeada de alambres de púas, en referencia a la reforma de seguridad en Costa Rica y el control carcelario.

Medidas severas y depuración judicial contra el crimen

Para atacar la logística del narcotráfico internacional, el tercer eje establece sanciones directas y severas contra los dueños de terrenos que alberguen pistas de aterrizaje ilegales o infraestructura clandestina utilizada para el tráfico de drogas. Esta medida responsabiliza legalmente a los propietarios que faciliten o toleren estas operaciones en sus fincas, debilitando las redes de apoyo que afectan la Seguridad en Costa Rica.

El cuarto eje se enfoca en la transparencia institucional. Consiste en la aplicación de medidas rigurosas diseñadas para «limpiar» el Poder Judicial y combatir la infiltración del narcotráfico en las estructuras de administración de justicia. Esto incluye controles patrimoniales más estrictos para los funcionarios judiciales y mecanismos rápidos de suspensión para evitar la corrupción interna.

El Congreso asume la responsabilidad del debate político

Con la llegada de estos proyectos a la corriente legislativa, la expectativa se traslada ahora al Congreso. Los diputados de las distintas fracciones tendrán la responsabilidad directa de analizar, discutir y votar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo. Diversos sectores sociales y empresariales coinciden en que el éxito de estas reformas marcará un antes y un después para la estabilidad y la Seguridad en Costa Rica.

El mensaje enviado desde Casa Presidencial es directo, el país demanda respuestas inmediatas ante la inseguridad ciudadana y el marco jurídico nacional no puede seguir desactualizado mientras las organizaciones criminales ganan terreno. Con este primer paquete de proyectos, el Gobierno pretende abrir una nueva etapa en la discusión nacional sobre seguridad y justicia, demostrando que la ley puede convertirse en una herramienta más efectiva para proteger a los ciudadanos y garantizar una verdadera Seguridad en Costa Rica.


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