Multa millonaria: MOPT busca cobrar hasta $50 mil por día a concesionaria de Ruta 27
El colapso de la infraestructura vial vuelve a encender las alarmas en el territorio costarricense, abriendo un nuevo capítulo de tensiones contractuales entre el Gobierno y el sector privado. Tras una serie de intensos aguaceros que provocaron graves afectaciones, las autoridades confirmaron que se abrirá un proceso sancionatorio para exigir un castigo financiero histórico a la concesionaria de Ruta 27. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que busca activar las cláusulas de penalización para exigir un cobro de hasta cincuenta mil dólares diarios a la concesionaria debido a la interrupción total del tránsito.
El cierre de esta arteria vital, provocado por el colapso de un sistema de alcantarillado que derivó en un profundo hundimiento, mantiene incomunicada la principal ruta de conexión terrestre entre el Valle Central y el Pacífico costarricense. La magnitud del impacto comercial y logístico ha empujado al Poder Ejecutivo a tomar una postura de máxima exigencia legal.
Un hundimiento que paraliza la economía nacional
La emergencia se desató específicamente a la altura del kilómetro 56, en las inmediaciones del sector de Coyolar de Orotina. El flujo masivo de aguas pluviales superó por completo la capacidad de la tubería subterránea, socavando las bases de la carretera y generando una enorme grieta que imposibilita el paso de cualquier tipo de vehículo. Al tratarse de una autopista bajo administración privada, las responsabilidades sobre el mantenimiento preventivo han vuelto al centro del debate político.
La posición del MOPT es contundente: el contrato de concesión establece de forma explícita que la vía debe operar bajo estándares de continuidad absoluta. Por lo tanto, el Gobierno considera que cada hora que los usuarios permanezcan varados representa una falta grave al servicio por parte de la empresa Globalvía. Con esta justificación jurídica, los ingenieros del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) recibieron la orden de evaluar y aplicar de forma estricta el cobro de la multa diaria máxima autorizada por las leyes de tránsito vigentes.
La defensa de la concesionaria de Ruta 27
Como era de esperarse ante una sanción de semejante calibre económico, la empresa administradora de la autopista no tardó en presentar sus argumentos legales para intentar frenar la millonaria penalización del Estado.
Los representantes legales de la concesionaria de Ruta 27 emitieron un comunicado donde sostienen que los daños estructurales no se debieron a una falta de mantenimiento o negligencia operativa. La empresa alega que el hundimiento fue provocado por un evento de fuerza mayor, una violenta «cabeza de agua» generada por las lluvias atípicas que saturaron los terrenos aledaños, catalogando el incidente como una situación imprevisible e inevitable.
Bajo esta línea de defensa, la concesionaria de Ruta 27 busca ampararse en las cláusulas de «caso fortuito» incluidas en los contratos de Alianzas Público-Privadas. Si logran demostrar técnicamente ante los tribunales que la fuerza de la naturaleza superó los diseños originales de la obra, la empresa podría quedar eximida del pago de los $50.000 por cada día de inhabilitación de la autopista.
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El futuro de las concesiones bajo la lupa
Para intentar mitigar la crisis de conectividad, el MOPT coordinó el envío de estructuras metálicas modulares. El plan de contingencia de la concesionaria de Ruta 27 contempla la instalación de un puente temporal tipo bailey sobre la zona afectada del kilómetro 56. No obstante, las autoridades técnicas estiman que los trabajos de colocación y habilitación de un carril provisional regulado tardarán al menos dos semanas en completarse.
Este incidente reaviva la discusión nacional sobre la efectividad de los contratos de concesión vial en Costa Rica. Para los usuarios, el pago de peajes constantes debería garantizar una autopista blindada ante las inclemencias del tiempo.
La firmeza con la que actúe el MOPT frente a la concesionaria de Ruta 27 marcará un precedente fundamental para el resto de las obras públicas bajo administración privada en el país, demostrando si el Estado costarricense tiene la capacidad real de fiscalizar y sancionar con mano dura a las grandes corporaciones cuando el servicio público se ve interrumpido.
